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Cuando presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado hace una semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la iniciativa se había diseñado con precisión «de bisturí», de manera que el alza de los ingresos que reflejan las Cuentas no afecte a las clases medias y trabajadoras ni a las pequeñas y medianas empresas (pymes), dejando caer el peso del incremento de la recaudación en las grandes compañías y en el sector financiero. Y lo cierto es que así es.

Del total de ingresos previstos por el Ejecutivo para 2019 -unos 248.506 millones de euros- , cerca de la mitad, unos 109.286 millones, proceden del sector privado, con especial énfasis en grandes compañías y entes financieros.

La principal remesa de fondos proviene de las cotizaciones que pagan las empresas españolas a la Seguridad Social. Solo en este campo el Gobierno plantea que abonen unos 79.647 millones a lo largo de 2019, un 83,2% del total del Régimen General. Se trata de una partida que aumenta no solo por la creación de empleo prevista en este año o por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, sino también por la subida del 7% de las bases máximas de cotización.

Sin embargo, lo que refleja un incremento nunca visto es la recaudación esperada por el Impuesto de Sociedades. El Gobierno, a través de las medidas articuladas a través de los Presupuestos en este tributo – como la generación de un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y del 18% para la banca, así como una limitación del 95% a la bonificación de los dividendos extranjeros – , espera recaudar 1.776 millones más de unas 10.092 empresas, el 0,7% de las entidades que lo tributan. En total, con este gravamen se aspira a recopilar unos 27.579 millones en total. Y no se descartar nuevos cambios en Sociedades a lo largo del año.

Hay otras medidas valoradas en las Cuentas -aunque no se apliquen a través de ellas- que afectan directamente al mundo empresarial, como los dos impuestos que se van a crear ad hoc para aumentar la imposición a grandes entidades y a entes financieros: la tasa Tobin y la Google, con las que se espera introducir en las arcas del Estado 2.050 millones. Mientras, con el gravamen que se propone para incentivar el reparto de los dividendos de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis), la meta es obtener 10,5 millones.

Es decir, que en total el Gobierno considera factible sacar de las empresas españolas una cifra cercana a los 110.000 millones -posiblemente superior-, una cantidad fundamental para que el Estado logre en este 2019 una cifra de recaudación récord, como admitió la propia Montero.

Para ello, el esfuerzo fiscal de empresas y banca deberá aumentar un 11,3% respecto a 2018, sumando 11.181 millones adicionales respecto a 2018 y alcanzado un montante nunca visto en la presente década.

El Economista