El Gobierno sufrió hoy un fuerte varapalo en el Congreso, el mayor en la breve trayectoria de Pedro Sánchez en la Moncloa. Podemos, PDecat y ERC se abstuvieron en la votación con la que el Ejecutivo pretendía sacar adelante la nueva senda de déficit hasta 2021 y que da un margen adicional de gasto para 2019 de 6.000 millones de euros.
La aprobación parlamentaria de esta meta era el primer paso para la elaboración de los Presupuestos de 2019, en un camino plagado de obstáculos en el que esa senda de déficit iba a encontrarse con el bloqueo irremediable del PP en el Senado, donde tiene la mayoría absoluta. Así, el visto bueno del Congreso era en esencia un primer examen en el que poner aprueba los apoyos parlamentarios con que cuenta Sánchez para sacar adelante su política económica y unos Presupuestos menos restrictivos. Y el Gobierno ha suspendido en la primera convocatoria.
Las fuerzas que facilitaron en la moción de censura la llegada al poder de Sánchez –salvo el PNV–han mostrado ahora que su apoyo no era un cheque en blanco, poniendo en evidencia la debilidad del actual ejecutivo y la profunda dificultad de gobernar con tan solo 84 diputados. El Gobierno se ha encontrado con que no tiene el apoyo parlamentario, necesario por ley, en los nuevos objetivos de déficit hasta 2021 y que para 2019 contemplan una flexibilización desde el 1,3% marcado por el Gobierno de Rajoy al 1,8% presentado ya en Bruselas.
Esta diferencia de cinco décimas da un margen adicional de gasto de 6.000 millones de euros en un reparto que concede una décima –1.200 millones de euros– a la Administración central, dos décimas de gasto adicional a las comunidades autónomas –equivalente a 2.400 millones de euros– y otras dos décimas para reforzar las arcas de la Seguridad Social, con otros 2.400 millones.
Ante el rechazo parlamentario, el Gobierno dispone de un mes para presentar a las Cortes una nueva senda de déficit y de techo de gasto. Y en caso de sufrir una nueva negativa, se volvería a los objetivos de déficit de Rajoy –que sí obtuvieron el visto bueno en ambas Cámaras– para elaborar los Presupuestos de 2019. Esto supondría un ajuste de 11.000 millones sobre lo presupuestado por el actual Gobierno: los 5.000 millones de ajuste a los que ya obligaba el nuevo objetivo de déficit del 1,8% –ya sea vía reducción de gasto o alza de impuestos– más los 6.000 millones de gasto adicional que se pierden al volver a la meta del 1,3%.
Pero el Gobierno no da aún por perdida la batalla presupuestaria. La ministra de Hacienda María Jesús Montero insistió en que el Gobierno comenzará a trabajar en la elaboración de las cuentas públicas de 2019 –que deben presentarse a las Cortes antes del 30 de septiembre– y afirmó que presentará en un mes la misma senda de déficit rechazada hoy en el Parlamento.
Descartó la opción de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece que la senda de déficit debe ser aprobada tanto en el Congreso como en el Senado, lo que da al PP la fuerza de bloquearla sin posibilidad de que regrese al Parlamento, como sucede con el resto de leyes.
“Cumpliremos la Ley trayendo al Parlamento las veces que haga falta la senda”, afirmó Montero. Fuentes parlamentarias apuntan que la opción para obtener el visto bueno del Congreso sin modificar los objetivos de déficit es negociar con los grupos nacionalistas una distribución diferente de ese gasto adicional de 6.000 millones, de manera que las comunidades obtuvieran más de los alrededor de 2.400 millones de gasto extra previstos.
En caso de acuerdo en el Parlamento, el Gobierno volvería a encontrarse el bloqueo del PP en el Senado. Pero al menos habría logrado alcanzar el consenso político necesario para sus objetivos económicos y para aprobar los Presupuestos de 2019. Serían necesariamente más restrictivos, tomando la referencia del 1,3% ya aprobado en las Cámaras, lo que plantearía serias dificultades para lograr el visto bueno de Podemos, pero con margen para excederse en esa meta de déficit según lo anunciado ya a Bruselas.
Cinco Días