La insuficiencia de la evolución de los ingresos frente al gasto en pensiones es indubitable. Y las proyecciones actuariales son elocuentes. Entre ellas, la de AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha detectado en el Sistema de la Seguridad Social un déficit estructural -esto es, permanente e independiente del ciclo económico- de un mínimo del 1,3% del PIB anual, aproximadamente 15.000 millones en el mejor de los casos, pero que podría ensancharse hasta el 1,5%, hasta la franja de los 18.000 millones.
Por ello, no extraña que los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que hoy se presentan al Congreso para su tramitación, recojan el recurso a un préstamo del Tesoro de 15.000 millones de euros, la misma cifra que en 2018 y la recogida en la prórroga presupuestaria que entró en vigor el pasado 1 de enero de forma automática.
Esa será la cifra de la línea de crédito que los Presupuestos contraen, ya de entrada, para nivelar las cuentas de la Seguridad Social este año, ejercicio en el que por primera vez en la historia se contabilizarán 6 millones de jubilados con la pensión media en claro ascenso. Una pirámide poblacional envejecida, la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida, y el cambio de patrones en la vida laboral, unidos a la persistencia de un modelo de reparto basado en un esquema obsoleto son las principales razones de la situación de desequilibrio.
El Fondo de Reserva ha sido un instrumento crucial para resolver las tensiones de tesorería relacionadas con las pensiones, pero, cumplida su función, y con recursos insuficientes para abonar una nómina mensual de los pensionistas completa, ha venido siendo necesario tirar de crédito para pagar las pensiones.
El Economista