El nuevo real decreto ley limita la utilización de las actuales licencias de VTC a los traslados interurbanos y cede la emisión de licencias urbanas y la ordenación de las mismas a las comunidades autónomas, que a su vez podrán transferirlas a los ayuntamientos. Habrá sin embargo un periodo transitorio de cuatro años para la elaboración de las nuevas normativas autonómicas.
La norma sí endurece de forma automática las sanciones por incumplimientos a los propietarios de licencias de VTC y permite a los ayuntamientos establecer normas acerca de horarios, movilidad o medio ambiente.
«El taxi desarrolla un servicio urbano y regulado por la administración autonómica y municipal. Las VTC están reguladas en cambio por el Estado y pueden realizar tanto actividades urbanas como interurbanas, mientras que el taxi solo puede trabajar en el ámbito urbano. Es una contradicción», explicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para justificar la aprobación del real decreto ley.
Hasta ahora, los ayuntamientos no han tenido «posibilidad de hacer política» en lo relacionado con Uber y Cabify. «El taxi y los VTC son en definitiva dos servicios de transporte que desempeñan actividades en el mismo ámbito y, sin embargo, tienen una fuente de regulación directa», añadió.
Para el ministro, no existe una transferencia de competencias porque «las comunidades autónomas ya tienen competencia sobre el transporte». De esta forma, resta importancia a algunas de las críticas acerca del encaje jurídico del real decreto ley. La transferencia de competencias debe realizarse mediante una ley orgánica y no por esta vía.
Expansión