Era una de las urgencias del nuevo Gobierno y la ha abordado sin dilación, en su segundo consejo de ministros: cómo abonar a los 8,5 millones de pensionistas la paga extra de verano. Y para hacerlo ha decidido no echar mano de un fondo de reserva que ya está en mínimos históricos (poco más de 8.000 millones) y recurrirá íntegramente al crédito ya contemplado en los Presupuestos, una fórmula que ya utilizó el año pasado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Y es que entre final de junio y principios de julio -a más tardar- la Seguridad Social tiene que afrontar, como cada año, el desembolso de la paga ordinaria de junio y la extraordinaria, a lo que se suma la liquidación por IRPF de las prestaciones sujetas a este impuesto. Un gasto que asciende a casi 18.000 millones de euros, concretamente 17.727 millones en esta ocasión, tal y como avanzó ayer la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celá, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
Para ello no son suficientes los ingresos por cotizaciones sociales, que vienen a sumar unos 10.000 millones mensuales, ya que la recaudación está creciendo a un ritmo superior al 5,5%, según los datos de abril. Con esta cantidad sí llega para abordar la paga ordinaria de cada mes (casi 9.000 millones solo para el pago de las pensiones) pero en julio y diciembre se queda sin recursos para abonar la extra, puesto que el gasto prácticamente se duplica.
Pues bien, para solventar este primer ‘bache’, el Ejecutivo utilizará 7.500 millones procedentes de emisiones de deuda realizadas por el Tesoro Público y no cogerá ni un euro de la ‘hucha’ de las pensiones, un recurso habitual por parte del anterior Gobierno del PP desde 2012.
Para poder hacerlo, el consejo de ministro aprobó ayer la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 10.192 millones de euros, algo que ya estaba contemplado en la prórroga de los Presupuestos de 2017. Se trata de un crédito sin intereses y con un plazo máximo de cancelación de diez años.
Una vez utilizados estos 7.500 millones, el Ejecutivo solo dispondrá de 2.692 millones para hacer frente en diciembre a otro desembolso cercano a los 18.000 millones de euros (cuando haya que sumar de nuevo la segunda extra del año y la liquidación del IRPF), por lo que no será suficiente. La cuestión es que, salvo que se tomen nuevas medidas para aumentar los ingresos o la recaudación por cotizaciones avance a buen ritmo, no habrá más solución que volver a echar mano del fondo de reserva.
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