Airbnb y HomeAway, entre otras, deberán mandar los datos en el primer mes de 2019 y luego actualizarlos cada trimestre; más de la mitad de los anfitriones tienen varios pisos y en verano pueden ganar hasta 36.000 euros.
En apenas un mes y medio la larga mano de Hacienda llegará también a los llamados pisos turísticos, cuyo alquiler genera un negocio creciente del que el fisco solo tiene sospechas por ahora aunque en poco tiempo podrá verificar realmente cuánto del mismo se declara como es debido. La impresión de los inspectores y técnicos de la Agencia Tributaria es que por falta de colaboración de las plataformas digitales que dominan ya este sector, y también de medios suficientes por su propia parte, se les escapan buena parte de los ingresos que deberían ir a las arcas públicas a través del impuesto de la renta (IRPF) o del de sociedades, en función de que el arrendador sea un particular o una empresa.
Desde el 1 de enero próximo conocidas plataformas digitales como Airbnb, HomeAway, Booking, Wimdu o Niumb habrán de facilitar datos sobre los titulares de las casas que se arriendan desde sus páginas webs, la dirección completa de éstas -a fin de realizar inspecciones ‘in situ’ y verificar que la información facilitada es correcta-, el número de inquilinos que las usan, el dinero que pagan y los días contratados. Esa misma información se requerirá también a los propietarios por otra vía, a fin de luego verificar si existe alguna anomalía o se trata de ocultar al fisco posibles rentas por arrendamientos.
Estas obligaciones fiscales se aplican, en realidad, con retraso. Deberían haber estado en funcionamiento desde el pasado 1 de octubre -de hecho, la Agencia Tributaria incluía estas medidas dentro de sus planes de control para 2018-, pero la oposición frontal de las propias compañías y su demanda de más tiempo para adaptar sus sistemas informáticos fue finalmente aceptada. Así, por ejemplo, Airbnb ha desarrollado una herramienta a la que cada anfitrión podrá acceder individualmente, y donde se incluirán los datos que requiere Hacienda, entre otros, si bien la Administración solo podrá acceder a esa información y no a otra personal.
La primera remesa de datos deberá haberse completado antes de febrero, y luego se irá actualizando cada trimestre. Airbnb también ha suscrito sendos acuerdos con la Asociación de Asesores Fiscales (Aedaf) y la consultora PwC para elaborar una guía de impuestos que facilitará a sus usuarios, así como para resolver dudas fiscales sobre los alquileres. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se opuso de inicio a las nuevas exigencias a estas plataformas al estimar que iban «mucho más allá de lo necesario para combatir el fraude fiscal», pero meses después cambió de opinión tras revisar su «necesidad» y «proporcionalidad», para concluir finalmente que «no suponen una carga desproporcionada para intermediarios ni para los intervinientes en las transacciones».
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