La economía sumergida continúa con su tendencia alcista en la Comunidad Valenciana. Los últimos datos disponibles de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social revelan que el empleo ilegal sigue siendo un problema. La falta de alta en la Seguridad Social, las irregularidades con trabajadores extranjeros y el fraude con la contratación a tiempo parcial son los áreas atacadas por la actuación inspectora. Las acciones de inspección han permitido aflorar unos 12.000 puestos de trabajo irregulares en las tres provincias en el último ejercicio, un 11% más que el año anterior.
Además, Trabajo ha impuesto sanciones por un total de 21 millones de euros por estos incumplimientos masivos de la legislación laboral. La Comunidad tiene el dudoso de honor de liderar junto a Andalucía el ranking de sanciones por economía sumergida impuestas por la Inspección de Trabajo, y ya está muy cerca de Cataluña en la clasificación de estos empleos en b.
Estas son algunas de las conclusiones que se pueden extraer de las cifras del Ministerio de Trabajo, que también reflejan las cantidades no declaradas a la Seguridad Social. La cuantía de estos expedientes liquidatorios asciende a 93,7 millones de euros. Para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad, el ministerio aprobó en 2012 un plan específico para este objetivo. Los «buenos resultados obtenidos», según el ministerio, llevaron al departamento a intensificar las actuaciones para desenterrar más empleo ilegal. En el caso de la Comunidad Valenciana, se han descubierto 11.969 trabajos irregulares (el año anterior, el saldo de empleos fraudulentos se quedó en 10.576). Esta bolsa de fraude incluye las altas de oficio tramitadas por la Inspección y las altas inducidas tramitadas por las empresas como consecuencia de las actuaciones inspectoras (9.594); las infracciones por dar ocupación a extranjeros sin permiso de trabajo (212) y los trabajadores con incrementos de más del 50% de tiempo de trabajo en contratos a tiempo parcial (2.163).
La comunidad con más economía sumergida de España es Andalucía, donde se han detectado hasta 16.035 empleos fraudulentos; le sigue Cataluña, con 12.156; a continuación se sitúa la región valenciana (11.969), que supera a Madrid (10.012). Dentro de la Comunidad, Alicante es la provincia con más empleo en negro: la Inspección destapó 6.681 puestos de trabajo irregulares, copando el 55% del total en la región. Valencia acumula 4.523 empleos fraudulentos y Castellón otros 765.
El Mundo