Uno de los mayores lastres para el crecimiento del país es la cantidad de dinero que está oculto a los ojos del Estado, porque no tributa. La economía sumergida supone en España, aproximadamente, el 20% del PIB, un valor bastante por encima del en torno del 15% de la media europea. Cifras muy altas, en cualquier caso. Así, la pérdida de recaudación se estima en 70.000 millones de euros, aproximadamente el 6% del PIB nacional, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).
El Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley con nuevas medidas para reducir el fraude fiscal y ha llegado a hacer un cálculo -muy optimista, según los expertos- de cuánto se podrá conseguir recaudar con ellas. Sin embargo, el problema histórico del cálculo de la economía sumergida es su propia naturaleza, ya que al ser dinero que quiere escapar del control del Estado, es «complicadísimo» contarlo, explica a este diario Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, la Agencia Tributaria no elabora informes que cuantifiquen esta economía en negro ni el fraude fiscal debido a que «no existe una metodología comúnmente aceptada en el ámbito internacional», dicen desde la AEAT.
La idea del Gobierno es recaudar más de 800 millones de euros a través de tres medidas clave: la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre empresarios, modificación de la lista de deudores y mejorar las prácticas internacionales. El objetivo, «modernizar el modelo económico y conseguir un sistema fiscal más redistributivo y justo». Por el lado de la lista de morosos, por la que se pretende añadir a las arcas del Estado 110 millones de euros, se modifica el umbral de deuda que conlleva la inclusión en la lista de un millón a 600.000 euros con el objetivo de «fomentar el ingreso de deudas». Además se incluirán los responsables solidarios, además de los deudores principales.
La nueva medida con la que el Gobierno pretende recaudar 218 millones de euros más es el endurecimiento de la limitación del pago en efectivo. Así, pasará de un máximo de 2.500 a 1.000 euros para las operaciones entre empresarios. También se disminuye el pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España, con el objetivo de restringir estas operaciones que al ser en efectivo son más difícilmente rastreables y «pueden facilitar los comportamientos defraudatorios», dice el texto del anteproyecto presentado.
Finanzas