La gran banca española ha lanzado duras críticas al Gobierno por su idea de aprobar un impuesto específico al sector para financiar las pensiones, y ha alertado de las consecuencias que podría tener sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. Este ha supuesto el primer enfrentamiento de un sector industrial privado con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
Las críticas de la banca a aceptar este impuesto no son nuevas. Hace unas semanas las patronales del sector, la AEB y la CECA, ya se quejaron de este tributo. Sus respuestas se producían poco después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,confirmara en los primeros días de julio su objetivo de imponer esta tasa al conjunto del sistema bancario. Ya entonces las reacciones no se hicieron esperar, pero sus negativas y unánimes opiniones al impuesto fueron transmitidas públicamente por las patronales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda(Gestha) decidió intervenir el mismo día en el que la AEB y CECA alertaban de que una tasa a la banca dañará su solvencia (el 11 de julio). Su opinión restaba argumentos a la banca, o eso parecía. Aseguraban que el impuesto a la banca que propone el Gobierno dejará intacto, “como mínimo”, el 94% del beneficio de las entidades, por lo que apenas afectará a la solvencia del sector.
Reconocían, no obstante, que este tributo podría repercutir ligeramente en la medida en que los accionistas de los bancos pueden ver reducido el pago de dividendos que está directamente relacionado con el resultado, lo que a la postre restaría ligeramente atractivo a la compra de acciones. Gestha ha calculado que Hacienda podría ingresar entre 1.800 y 1.900 millones de euros anuales con un impuesto a la banca similar, en términos de recaudación con respecto al PIB, al exigido en Reino Unido y Austria.
Cinco Días