A la espera de las recomendaciones definitivas de la Comisión del Pacto de Toledo, en las últimas semanas se ha avanzado un acuerdo entre sus miembros a favor de que el crecimiento de las pensiones se vincule al IPC real y, con ello, se garantice su poder adquisitivo. Esto ha recrudecido el debate sobre la reforma de las pensiones con argumentos sobre las consecuencias de tal medida, unos defendiéndola como justa, otros avisando de que su coste supondría un agujero más en nuestro maltrecho sistema.
Para responder a la pregunta de si las pensiones deben o no perder poder adquisitivo, resulta conveniente empezar distinguiendo entre tipos de pensiones, puesto que no todas ellas están diseñadas para cumplir la misma función. Por una parte, están las que se conciben como rentas vitalicias de sustitución de los salarios percibidos durante la vida laboral (como seguro contra el riesgo de longevidad, es decir, de la supervivencia más allá del periodo planificado y cubierto con ahorros). Por otra, están las pensiones que tratan de evitar la pobreza durante la vejez, cubriendo la contingencia de la falta de ingresos cuando ya expiró el periodo de vida laboral y no hay posibilidad de obtenerlos por otras vías. Si este último objetivo se alcanza, se dice que las pensiones son «económicamente suficientes».
Cuando son rentas de sustitución las pensiones son de tipo contributivo y se financian con las cotizaciones sociales. Habitualmente, se calculan en función de los años de cotización, de las bases de cotización durante un determinado periodo de la vida laboral (ahora los últimos 22 años, a partir de 2022 los últimos 25 años) y de la edad de jubilación. Las pensiones dirigidas a combatir la pobreza en la vejez son de tipo asistencial, se determinan mediante cuantías fijas y se financian con impuestos generales.
Resulta evidente que para que cumplan su función, las pensiones no deberían perder poder adquisitivo. Por ello, en la mayoría de los países, las pensiones aumentan automáticamente con la inflación o con algún otro índice. En España, tradicionalmente, las pensiones han aumentado, al menos, lo mismo que el crecimiento del índice de precios de consumo (IPC), salvo en años puntuales en las que fueron congeladas, y desde la reforma introducida por el Gobierno del PP en 2013.
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