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Aragón recuperó en 2017 el nivel de riqueza previo al inicio de la crisis, en 2008, pero en este tiempo el empleo no se ha recuperado en cantidad ni en calidad ni en salarios y, según UGT, el número de ocupados de entonces tardará en alcanzarse al menos cinco años.

Esa es la estimación del sindicato tomando como base la evolución positiva de creación de empleos en Aragón en el último ejercicio, 11.300, y el número de ocupados que no se han recuperado, 55.000, que recoge un estudio del mercado laboral en Aragón de los últimos diez años que este lunes ha desgranado el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey.

«Habrán pasado 15 años, una generación entera, sin haber recuperado las cifras de empleo que tenía la economía aragonesa antes» de la crisis y generando hoy más riqueza que entonces, ha subrayado el líder de UGT, quien se ha preguntado si esto se debe a los efectos de la crisis o ya se empieza a notar las repercusiones sobre el empleo de la digitalización.

En 2016, según este informe, los excedentes de explotación de las empresas ya eran superiores a los de 2008 pero a día de hoy los trabajadores están «peor» y sus remuneraciones son todavía inferiores, lo que evidencia, para Alastuey, que la reforma laboral ha sido muy eficaz en su «deliberado» objetivo de devaluación salarial.

La pérdida global de salarios se sitúa en el 4 % pero entre quienes menos cobran ha sido de más del 16 por ciento y, por contra, las rentas empresariales superaron ampliamente los niveles previos a la crisis, con un incremento cercano al 9 %.

Otros de los datos incluidos en el estudio indican que hay casi 29.000 parados más que los que había al inicio de la crisis, 43.300 en el tercer trimestre de 2008 frente a 72.100 al cierre de 2018.

eestos años han supuesto la pérdida de 60.000 activos menores de 45 años -en menor medida entre las mujeres- un fenómeno que se explica en parte en la pérdida de efectivos extranjeros varones (21.000), y hay 100.000 ocupados menos por debajo de esa edad.

La construcción ha sido el sector más afectado por la crisis, con 27.000 empleos perdidos, seguido de la industria (21.000 menos) y los servicios, comercio y hostelería (19.000), mientras la agricultura ha creado 8.000 y los servicios vinculados a las administraciones, 18.000.

A esta realidad se suma la caída en la calidad del empleo, ya que en 2008 el empleo indefinido y a tiempo completo representaba el 83 % y a final del año pasado si situó por debajo del 50 %.

La precariedad, ha apuntado, afecta en especial a las mujeres, que representan el 48 % del empleo total y sufren el 73,2 % del empleo a tiempo parcial y en los nichos de empleo con remuneraciones más bajas y que se han visto afectados por mayores pérdidas salariales.

Un empleo parcial que, según Alastuey, no es deseado, representa un «subempleo» y en un 80 por ciento en mujeres desaparecería si hubiera unos servicios públicos adecuados para que se vieran obligadas al cuidado de familiares. Esta realidad, en su opinión, evidencia que las razones «sobran» para las movilizaciones del 8M.

En cuanto al paro, ha destacado el aumento espectacular del número de desempleados de larga duración hasta situarse en 28.000 a final de 2018, el 40 % del total de parados, una situación que exige intensificar las políticas activas de empleo y personalizar programas, algunos de los puesto en marcha con resultados.

Para Alastuey, este informe pone de manifiesto el «brutal» incremento de la desigualdad en España y para atajarla ha reclamado la derogación de la reforma laboral para actuar sobre la calidad del empleo.

También ha defendido actuar sobre las rentas, y en ese sentido ha considerado que las negociaciones con gobierno y patronal están dando frutos, con incrementos salariales que se están situando en el 2,16 %, y apostar por los servicios públicos, con la recuperación del gasto por medio de una reforma fiscal.

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